El geopatriotismo tecnológico es una de las tendencias detectadas por Gartner para 2026, e irrumpe en un momento marcado por crecientes tensiones geopolíticas, manifestadas no solo en conflictos como los que estamos viendo estos días, sino también en forma de aranceles, sanciones y otras restricciones. Fruto de unas políticas hegemónicas en política exterior y proteccionistas en materia económica por parte de la gran superpotencia.
Cuando hablamos de poder hacer valer esa primacía sobre el control efectivo de infraestructuras tecnológicas, activos digitales y servicios SaaS estratégicos de implantación global, lo cierto es que se entiende bien la dimensión del problema.
En un contexto en el que aflora la desconfianza, incluso entre aliados históricos, se están poniendo sobre la mesa planteamientos de ‘soberanía digital‘, que cuestionan un alojamiento de activos digitales críticos, incluidos datos, modelos y sistemas, dependiente de compañías extranjeras, susceptibles de regirse por mandatos políticos de los correspondientes gobiernos. Un problema que además ya no se percibe únicamente mirando a Oriente…
Más allá de perspectivas nacionalistas, la idea subyacente es evaluar dónde se almacenan y procesan los activos digitales desde una óptica de gestión del riesgo, ya que la dependencia de determinados proveedores puede convertirse en un punto de vulnerabilidad ante conflictos, restricciones de acceso o cambios regulatorios abruptos, como los experimentados, sin ir más lejos, con los vaivenes arancelarios.
Desde la vertiente de la ciberseguridad, esta tendencia ‘geopatrótica’ busca reducir exposiciones innecesarias y aumentar el control sobre infraestructuras tecnológicas críticas, lo que obligaría a muchas organizaciones a revisar sus estrategias cloud, multicloud y de selección de proveedores, incorporando criterios geopolíticos y regulatorios junto a los puramente técnicos o económicos.
La hegemonía de los hiperescalares y la respuesta europea
Con el foco puesto en la problemática que estamos viendo, la dependencia tecnológica de los grandes hiperescalares (como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud) supondría un factor de riesgo sistémico, al externalizarse infraestructuras críticas para el funcionamiento básico de cualquier país.
En este contexto, la Unión Europea lleva años moviendo ficha en una línea que encaja claramente con este giro hacia la soberanía digital. Ya en 2020 sentó las bases con su Estrategia Europea de Datos, orientada a crear espacios de datos sectoriales bajo control comunitario, a lo que se suman iniciativas como GAIA-X, lanzada en 2019, con el objetivo de articular un ecosistema cloud europeo interoperable.
Asimismo, el Reglamento de Datos (Data Act) aprobado en 2023 reforzó esta dirección, al introducir mecanismos para facilitar la portabilidad entre proveedores y limitar situaciones de dependencia tecnológica, con la mira puesta especialmente en entornos cloud.
A este marco se añaden desarrollos en curso como el esquema de certificación EUCS, impulsado por ENISA y aún en evolución, que introduce requisitos de ciberseguridad con implicaciones directas sobre quién puede operar determinados servicios cloud en Europa.
Aunque la iniciativa más efectiva, lanzada en este 2026 tras el segundo advenimiento de Trump, es el proyecto EURO-3C presentado en el Mobile World Congress de 2026, y orientado a construir una arquitectura federada Telco-Edge-Cloud bajo control europeo, así como el despliegue del denominado European Edge Continuum, que conecte a los principales operadores del continente en una nube distribuida paneuropea.
Una repatriación de los hiperescalares equívoca
De hecho, al margen de cuestiones geopatrióticas, ya vimos que habían voces que hablaban de una repatriación desde los hiperescalares, de manera que se estarían abandonando sus servicios en la nube, en una suerte de éxodo a la inversa del masivo hacia ellos que permitió el despliegue de la era de la digitalización soportada en cloud.
Pero ya destacamos que era una tendencia muy matizada, pues pese a la existencia de estudios que afirmaban que un porcentaje elevado de CIOs de compañías europeas tenía previsto mover parte de sus cargas fuera de la nube pública, solo se trataría de un trasvase de ciertas modalidades de datos a entornos privados o infraestructura propia.
De hecho, el gasto mundial en servicios de nube pública aumentó en 2025 y seguirá haciéndolo en 2026.
Así, todo parece indicar que a no ser que haya causas de fuerza mayor, conflictuales o tarifarias, el modelo de arquitectura que va a seguir imperando es uno híbrido que conjugue on premise, centros de datos próximos y nube pública, con la idea de colocar cada carga en su emplazamiento más idóneo atendiendo a criterios de eficiencia, rendimiento, ahorro de costes y cumplimiento normativo, pudiendo este, eso sí, variar sustancialmente por estrategias de soberanía digital que pueda aplicar la Unión Europea.
En cualquier caso, tanto a efectos de independencia operativa como de rendimiento, en el ecosistema venidero emerge como más importante todavía el centro de datos de proximidad, el modelo que encarna el data center que ITRES ofrece a sus clientes.
De hecho, hay estudios precisamente de Gartner que prevén que ya para el año próximo un 50% de los datos de redes corporativas se procesen en centros de datos de proximidad.
Con el soporte de este tipo de infraestructuras, las administraciones y empresas pueden respaldar su información y sus servicios en la nube más críticos en un nodo cercano, en vez de en un gran proveedor situado a miles de kilómetros que acumule una mastodóntica cantidad de datos de multitud de organizaciones, donde ante cualquier incidente importante la empresa se convierte en un número más dentro del proceso de recuperación. Sin entrar en que estos hiperescalares puedan ser dirigidos políticamente con un intervencionismo ajeno a lógicas netas de mercado.